Desde la CGT mostramos nuestro rechazo frontal a las partidas incluidas en el proyecto de presupuesto municipal de 2026 que apuntan claramente a una privatización progresiva del servicio público de limpieza del Ayuntamiento de Ciudad Real.
Según la información publicada, el presupuesto contempla, además de la adquisición de maquinaria, un contrato de refuerzo externo en limpieza por un importe de 450.000 euros, destinado —según se afirma— a “suplementar el trabajo que ya se está realizando”. Desde CGT advertimos que esta fórmula no es un refuerzo puntual, sino un paso más hacia la privatización progresiva de un servicio público esencial.
Resulta especialmente grave que esta decisión se adopte mientras el propio Ayuntamiento mantiene plazas públicas sin cubrir, interinos e interinas próximos al cese, vacantes estructurales sin incluir en Ofertas de Empleo Público, incumpliendo los decretos de nombramiento y una presunta vulneración de la legislación vigente, sin convocar los procesos selectivos para cubrirlas definitivamente con funcionarios y funcionarias de carrera en tiempo y forma , servicios de oficios cada vez más mermados por la falta de personal. En lugar de reforzar las plantillas municipales y apostar por empleo público estable, se opta por destinar más de medio millón de euros a empresas privadas.
Desde CGT denunciamos la contradicción evidente entre hablar de mejora de los servicios y, al mismo tiempo, desviar recursos públicos hacia la privatización de los servicios públicos, debilitando la gestión directa y precarizando el empleo. El servicio de limpieza ha demostrado sobradamente su compromiso con la ciudad: durante la pandemia, en grandes eventos, en turnos de madrugada, fines de semana y situaciones excepcionales, ha sido el personal municipal quien ha sostenido el servicio con profesionalidad y sacrificio.
Esta estrategia presupuestaria no solo pone en riesgo el empleo público, sino que abre la puerta a un modelo de gestión más costoso, menos transparente y con peores condiciones laborales, tal y como ya se ha demostrado en otros municipios donde se han privatizado servicios similares.
Los que deciden seguirán cobrando lo mismo o más por controlar a estas empresas, los operarios y operarias que trabajen para estas empresas, cobrarán el salario mínimo interprofesional, cobrando bastante menos que trabajando directamente para el Ayuntamiento de Ciudad Real.
Ni despidos, ni privatización, ni precariedad.
Lo público se defiende, no se negocia.
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